Cuando llame, hablará con su abogada.

70 €. Y si después me encarga el asunto, esos 70 € se los descuento del presupuesto, de modo que la consulta le sale gratis.

En esa primera conversación le digo con franqueza si veo recorrido en su asunto o si lo que le conviene es no pleitear.

Antes de que me encargue nada le entrego un presupuesto por escrito, con el detalle de mis honorarios y de los demás gastos previsibles: procurador, notaría, peritos o tasas cuando procedan.

Se admite pago fraccionado. No trabajo con sorpresas: si durante el asunto surge algo que altera ese presupuesto, se lo comunico antes, no después.

La Ley de Segunda Oportunidad permite a un particular solicitar judicialmente la exoneración de sus deudas pendientes. Es un procedimiento reglado, no una gestión comercial.

Si usted es autónomo, el cauce no es ése, sino el procedimiento especial para microempresas, con reglas y plazos propios. Llevo los dos, pero conviene no confundirlos: hay quien llega al despacho después de haber contratado el procedimiento equivocado.

Y en cualquiera de los dos casos: no todas las deudas se cancelan en la misma medida. Las de Hacienda y Seguridad Social tienen límites propios. Se estudia caso por caso y se lo digo con claridad antes de que gaste un euro.

Depende del tipo de asunto y, sobre todo, de la carga de trabajo del juzgado que lo lleve. Un divorcio de mutuo acuerdo se resuelve en unos meses; uno contencioso, bastante más.

Le daré una previsión realista para su caso en cuanto lo estudie, y le avisaré si cambia. Prefiero decirle un plazo incómodo a decirle uno bonito.

El plazo para impugnar un despido es de 20 días hábiles desde que surte efecto. Es un plazo de caducidad: si se agota, el despido queda consolidado aunque fuera improcedente.

Es la llamada que más urge de todas. Si acaba de recibir la carta, no espere a reunir papeles: llame primero y los reunimos por el camino.

Depende de dos cosas, y se lo digo antes de que gaste un euro: si la deuda sigue viva y si quien le debe tiene con qué pagar. Con carácter general, las deudas entre particulares prescriben a los cinco años desde que se pudo exigir el pago (artículo 1964 del Código Civil), aunque hay supuestos con plazos propios más cortos.

Lo primero no es demandar: es reclamar por escrito y de forma que quede constancia, porque eso interrumpe la prescripción y muchas veces basta para que le paguen. Si no funciona, existen cauces rápidos como el procedimiento monitorio.

Y si estudiando el caso veo que el deudor está ilocalizable o no tiene nada a su nombre, se lo diré con claridad, aunque eso signifique que no hay asunto.

No. De hecho, la ley exige hoy intentar un acuerdo antes de demandar en buena parte de los asuntos civiles y mercantiles, y en lo laboral hay conciliación previa.

Muchos asuntos se cierran con una negociación o un acuerdo homologado por el juzgado, que suele ser más rápido y más barato. Cuando el acuerdo no es posible o no le conviene, se va a juicio.

Sí, si sus ingresos están por debajo de los límites que fija la ley. Se solicita en el Colegio de Abogados y se acredita con documentación económica.

No estoy adscrita al turno de oficio, de modo que en ese caso le correspondería un compañero designado por el Colegio. Aun así, si veo que usted puede tener derecho se lo diré, aunque eso signifique que no me encargue el asunto.

Le atiendo yo. Es el motivo por el que el despacho es del tamaño que es.

Y no hay horario de centralita: el teléfono está atendido siempre que la urgencia lo requiera, también fuera del horario de oficina. Si estoy en una vista y no puedo cogerlo, le devuelvo la llamada el mismo día. Los correos los contesto en un máximo de 24 horas.

Sí. Atiendo también fuera de Sevilla y trabajo habitualmente por videollamada, teléfono y firma electrónica, de modo que no necesita desplazarse para casi nada.

Un abogado puede actuar ante juzgados de toda España. Lo único que conviene valorar en cada caso es si los desplazamientos a las vistas le compensan, y eso se lo diré con claridad en la primera llamada.